La Democracia

LA DEMOCRACIA

Concepto:

El nombre democracia procede del término griego demokratia, que significa "gobierno del pueblo" (de demos, "pueblo" o conjunto de todos los ciudadanos, y kratos, poder o gobierno). Se trata de una forma de gobierno y de sometimiento de todos los ciudadanos a una autoridad política y a un poder coercitivo. La democracia es como toda otra forma de gobierno. Lo que distingue a la democracia del resto de las formas de gobierno es que, en la democracia, la autoridad y el poder los posee y los ejerce el pueblo (el demos). Y en una democracia, el pueblo se gobierna a sí mismo, se somete a su propio dictado, se da a sí mismo la ley a la que quiere que se sujete la actuación de todos los ciudadanos.

Para ejercer el poder con eficacia, operatividad y diligencia, el pueblo se sirve regularmente de representantes. En los Estados democráticos, los ciudadanos eligen -mediante un sistema de votación que garantiza la libertad y la privacidad del voto- a sus gobernantes. Éstos tienen el deber de ejecutar el mandato del pueblo. De acuerdo con este mandato, tienen que elaborar las leyes, discutirlas públicamente en los foros establecidos al efecto, rechazarlas, enmendarlas o aprobarlas y, una vez aprobadas, aplicarlas y poner a disposición de los jueces a todo el que no las cumpla.

Democracia y libertad política:

Una de las virtudes de la democracia es que se trata de la única forma de gobierno que garantiza la libertad política de los ciudadanos. Sólo en un Estado democrático se da la circunstancia de que los ciudadanos están sometidos a la autoridad del Estado y son, a la vez, libres. Esta circunstancia es posible porque, en una democracia, es la propia voluntad de los ciudadanos la que legisla y gobierna sobre los mismos. Ello les permite ser "súbditos" y "ciudadanos" al mismo tiempo, estar obligados a obedecer sin dejar de ser libres por ello. Los Estados no-democráticos tienen súbditos pero no ciudadanos en el sentido pleno de la palabra, porque sus miembros se ven sometidos a una voluntad ajena que no es la suya propia. Llamamos "súbditos", y no verdaderos "ciudadanos", a los miembros de una sociedad que no participan activamente -aunque sea de forma indirecta- en el gobierno de la misma.

Democracia e igualdad política:

Al hablar, de voluntad general o de voluntad de los ciudadanos, estamos dando por supuesto la igualdad política de todos los ciudadanos. Y, en efecto, uno de los rasgos que distingue esencialmente a la democracia de otras formas de gobierno como la aristocracia, la oligarquía o los regímenes feudales es justamente el reconocimiento de que:

* Todos los ciudadanos son iguales ante la ley (isonomía)

* Todos tienen el mismo derecho a participar en los asuntos públicos (isegoría)

* Todos tienen originariamente o "por naturaleza" el mismo poder (isocratía)

* Todos tienen igual derecho a expresar libremente su opinión o su parecer (parrhesía).

La instauración de la democracia pretende acabar con los antiguos sistemas de privilegios basados en el prestigio, la "sangre", la riqueza o el vínculo con una entidad sobrenatural. En la democracia, ni el poder ni la palabra son privilegio de nadie. Todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión y a todos asiste por igual el derecho a participar en el gobierno de la "ciudad".

El principio de la mayoría:

Es obvio que no todos los ciudadanos piensan lo mismo respecto de las mismas cosas. A menudo, albergan creencias o puntos de vista contrapuestos, irreconciliables o antagónicos. Esto supone un problema desde el momento en que todos los ciudadanos deben estar sujetos a las mismas leyes y deben acatar las decisiones de un único gobierno. La forma democrática de abordar este problema es someter la voluntad de todos a la voluntad de la mayoría. El filósofo holandés Baruch de Spinoza lo expuso con claridad meridiana en pleno siglo XVII: "En el gobierno democrático […] todos los ciudadanos se obligan por un pacto a conformar a la voluntad común sus actos, pero no sus juicios y sus sentimientos, es decir, que todos los hombres, no pudiendo profesar sobre las mismas cosas idénticas opiniones, han establecido que adquiera fuerza de ley aquella medida que tenga la mayoría de los sufragios, conservando, no obstante, el poder de reemplazar esta medida por otra mejor, si [ulteriormente] se encontrase" (B. de Spinoza, Tratado teológico-político).

El sistema de representación y participación ciudadana. Los partidos y el pluralismo político:

Los partidos políticos son organizaciones civiles que surgen cuando se ha reconocido al pueblo el derecho a participar en el gobierno del Estado y son el vehículo a través del cual, el pueblo, hace efectiva dicha participación. Más concretamente, los partidos políticos son agrupaciones autónomas, no impuestas por el Estado, sino creadas por sus propios miembros, a través de las cuales, los ciudadanos eligen a quienes, en representación suya, han de elaborar, proponer, discutir o modificar las leyes.

Los partidos hacen públicos sus programas de gobierno, las ideas y los principios políticos que orientarían su actuación en caso de obtener el apoyo ciudadano suficiente para formar parte del Gobierno de la Nación. Y, cada vez que se abre un proceso electoral, los ciudadanos votan al partido cuyo programa de gobierno consideran más adecuado (el cual lo defenderá en las instituciones y foros políticos preestablecidos por la ley al efecto).

Para que este sistema de representación y participación cumpla satisfactoriamente las expectativas democráticas que hay depositadas en él, han de cumplirse algunas condiciones:

* El voto de los ciudadanos ha de ser individual, privado, intransferible, innegociable, totalmente libre y secreto.

* El Estado debe garantizar el pluralismo político. Siempre que se respete la ley de constitución de partidos, cualquier grupo de ciudadanos tiene derecho a formar un partido político, elaborar un programa de gobierno y presentarse con él a las elecciones.

* El Estado debe garantizar que todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones compitan en igualdad de condiciones.

* El resultado de las elecciones debe ser respetado por todos los ciudadanos, todos los partidos y todas las instituciones del Estado.

* Los procesos electorales han de celebrarse de forma periódica, con la regularidad y en el modo previamente establecido por la ley. (En España, por ejemplo, el Gobierno está obligado a convocar "elecciones generales" en un plazo máximo de cuatro años).